Bigastro se encuentra situado en la comarca de la Vega Baja del Segura, este municipio surgió como un espacio eminentemente agrícola, cuya ocupación respondía al intenso proceso colonizador llevado a cabo a lo largo del siglo XVIII, en este caso por el Cabildo de la Catedral de Orihuela en unas fincas de su propiedad. Este proceso se inició en 1967 cuando se realiza la primera reunión capitular para tratar sobre la fundación del Señorío eclesiástico de Bigastro, en el territorio cercano denominado Lugar Nuevo de los Canónigos. Para ello, era necesario comprometerse a realizar el pago de 100 libras, con la obligación de construir dieciséis casas para colonos. En 1701 el Cabildo adquiere tres fincas. Torre de Masquefa, Alpatern y la tercera heredad en la partida de Alquibla, que constituirían el núcleo inicial del municipio.

Iglesia Virgen del Belén

Para completar las 408 Ha. con las que se fundó el municipio el Cabildo adquirió o permutó diversos bienes y de esta forma, decidió asentar inicialmente a veintiséis pobladores, mediante la facultad concedida a los naturales del Reino de Valencia por el Rey Don Alfonso II.

El 16 de octubre de 1701 se otorgó escritura de concordia de población a los nuevos pobladores, que fue ratificada en 1715, fecha que marcó el desarrollo de esta población. El documento marcaba las relaciones de vasallaje de los nuevos pobladores con el clero diocesano.

La situación de los vasallos en estas primeras décadas no fue nada satisfactoria, pues además de los censos impuestos y las deudas acumuladas, la Guerra de Sucesión obligó a donar no solo bienes sino a aportar hombres al ejército.

Se creó así, un asentamiento de jóvenes colonos a los que el terrateniente hacia entrega del dominio útil de la tierra a perpetuidad para su cultivo. Cada beneficiario reconocía al Cabildo como dueño indiscutible de la tierra y recibía a cambio, un lote grande de tierra para explotar, que se fue reduciendo con el tiempo debido a sucesiones hereditarias principalmente. Este territorio, tenía dos vertientes bien diferenciadas, por un lado el regadío al norte del municipio, la huerta tradicional, abastecida por la Acequia de Alquibla; y el secano o tierras de campo, con sus cerros y lomas al sur.

La producción agrícola se orientó hacia el cereal (trigo, cebada, maíz), olivo, viña, morera, hortalizas y frutales. A mediados del siglo XIX, la crisis de la producción sedera provocó la recuperación de tierras abandonadas y permitió la introducción paulatina de un nuevo cultivo en la comarca, el naranjo.

Este sistema de producción y administración dependiente del clero se mantuvo hasta principios del siglo XIX, no sin problemas, ya que se cuestionaba la obligación de utilizar los servicios de las regalías. Claro ejemplo de ello fue el pleito que se llevó a cabo en la Real Audiencia de Valencia y que se saldó en 1819 con la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Bigastro y el Cabildo, por el cual se preservaban los derechos señoriales, al tiempo que se liberalizaba el establecimiento de riendas entre los domiciliados.

Las regalías o servicios de uso común venían recogidas en los capítulos de la Carta Puebla, como derechos exclusivos y privativos del clero catedralicio. A través de ellos ejercían el más riguroso control de la actividad económica que se desarrollaba en la población y anulaban cualquier brote emprendedor por parte de los colonos. En el momento de la fundación el municipio contaba con horno, taberna, tienda, mesón, molino, era, balsa y saladares, adquiriendo el compromiso de crear un horno harinero y almazara, que serían arrendados a los vecinos mediante un contrato específico y en subasta pública.

Uno de los casos más relevantes fue el presentado por Manuel Villanueva Torregrosa, diputado del común de Bigastro, contra el Cabildo por la construcción de una almazara en sus tierras, a la que acudían el resto de colonos, ocasionando una clara competencia respecto a las "oficiales".

El dictamen finalmente quedó desestimado, pero marcó un hito en la imparable autonomía que el municipio estaba adquiriendo.

Esta corriente iniciada desde la segunda mitad del siglo XVIII, había puesto de manifiesto la latente oposición antiseñorial que se vivía en Bigastro y cuyos exponentes máximos se dejaron sentir a raíz de la crisis de subsistencia de 1776 y en los años precios al reconocimiento de los capítulos de población a favor del Cabildo de 1801.

Estos problemas se vieron profundamente agravados con las disposiciones abolicionistas de 1811, que acabaron con la jurisdicción alfonsina y la ley de desamortización de 1855, que privó definitivamente a la Iglesia de sus bienes y privilegios.

Con el rescate de sus dominios intentó contrarrestar la disminución de sus rentas entregándolas en arriendo a nuevos habitantes, pero de nuevo los perdió con la primera ley desamortizadora de 1837.  Este proceso que se vio ralentizado inicialmente por las guerras carlistas tuvo su punto culminante en los años 1843-44, aunque el Cabildo intentó mantener intacto el señorío de Bigastro, hasta que la ley desamortizadora de 1855 permitió la venta de las antiguas regalías o servicios comunes.